Como ha susedido en cada uno de estos susesos de crímenes de lesa humanidad o masacres contra gente indefensa, y quienes por lo general, nunca tuvieron nada que ver con la política o con actividades gubernamentales, el abuso de la fuerza muchas veces sin razón se ha visto en efecto en todas partes del mundo, y podemos dicernir que todos estos actos fueron realizados por mantener la línea de gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha, de dictadores con fachada de presidentes democráticos, pero una y otra vez comprobamos que son sólo marionetas del imperio, y se lo comprueba una vez más con el indulto de un criminal como Fujimori, otorgado por otro neoliberal y sirviente del imperio como Pedro Pablo Kushynsky., no hay que leerlo entre líneas, está a la vista del mundo.
Grupo Colina
Este fué un grupo paramilitar, y, una escuadra de la muerte anticomunista, creada en el Perú, y fué activa desde 1.990 hasta 1.994, durante la administración de Alberto Fujimori. Este grupo fué conocido por haber cometido un sinnumero de de abusos contra los derechos humanos, incluyendo las masacres de Cantuta, La Masacre de los Barrios Altos, y la Masacre de Santa.
MASACRE DE CANTUTA
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La Masacre de La Cantuta tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida.como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento Grupo Colina, pertenecientes al Ejército Peruano.
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822, logrando el estatuto de universidad en 1965. Fue cerrada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú en 1977 debido a las actividades políticas de los radicales de izquierda y reabierto en 1980.
Debido a los problemas económicos ocasionados por la intervención del gobierno militar en la economía y al Maoísmo que captaba a numerosos estudiantes y educadores, La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de adoctrinamiento para ejecutar acciones radicales desde los años 1950 . Fue justamente una serie de protestas estudiantiles en el campus; incluyendo el bloqueo de la línea ferroviaria que une Lima con el interior del país – lo que llevó a la suspensión de sus actividades en 1977.
Secuestro de julio de 1992
En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días luego de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, recibieron la orden de intervenir la residencia universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. El Grupo Colina ingresó al campus y seleccionó a los sospechosos de acuerdo a la información de agentes infiltrados como alumnos.
En abril de 1993, un grupo de oficiales militares peruanos liberaron anónimamente un documento detallando los eventos en La Cantuta. Su documento señalaba que el escuadrón de la muerte había secuestrado, torturado y asesinado a las víctimas enterrándolas rápidamente luego. Posteriormente, tal como se señaló durante una investigación iniciada por el Congreso, las fuerzas armadas exhumaron, incineraron, y volvieron a enterrar los cuerpos en otra ubicación. Los «soplones» militares nombraron a los miembros del Grupo Colina que participaron en el incidente, identificando al jefe de las operaciones – Mayor Santiago Martin Rivas – y señalaron que el grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Fujimori quien también tenía conocimiento de estos acontecimientos.
La organización secreta COMACA (Comandantes, Mayores y Capitanes) hace llegar al congresista Henry Pease un documento anónimo en el que se detalla el operativo de secuestro y asesinato en La Cantuta. En dicho documento se señala como autores directos del acto al my. Santiago Martin Rivas, jefe de los Equipos de «Trabajos Especiales» del Ejército, y al my. Carlos Pichilingue Guevara, con el conocimiento y aprobación del gral. Hermoza, el ex-capitán Vladimiro Montesinos Torres (jefe real del SIN), el gral. Juan Rivero Lazo (jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército -DINTE-), el gral. Luis Pérez Documet, el crnl. Federico Navarro Pérez, el cmdte. inf. Carlos Miranda Balarezo (jefe del BIP No39 La Pólvora, a cargo del control de La Cantuta) y el cmdte. inf. Manuel Guzmán Calderón (jefe del Batallón de Comandos No19)
Masacre de Barrios Altos
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La Masacre de Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991 en los Barrios Altos, una zona tradicional y popular del cercado de Lima en Perú. Quince personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, y otras cuatro más fueron heridas por atacantes que, posteriormente, fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un destacamento militar formado por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Esta masacre es vista como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno del por entonces presidente Alberto Fujimori y fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición presentada a Japón en el 2003. El hecho perpetrado en Barrios Altos fue realizado por órdenes directas de Vladimiro Montesinos, por encargo del presidente Alberto Fujimori, quien al año 2000 y ante la posibilidad que fuera juzgado por hechos comprobados de corrupción y genocidio, huyó del Perú hacia Japón, renunciando vía fax ante el congreso peruano, sin plan de retorno.
La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una fiesta popular, una pollada en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Huanta Nº 840 para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe de la quinta.1 Aproximadamente a las 23:30, seis individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de dos vehículos, dispararon con sus fusiles a los asistentes sin mediar explicación.
Los atacantes,2 todos tenían el rostro cubierto con pasamontañas, al entrar ordenaron a los asistentes de la reunión a tenderse en el piso, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de dos minutos, matando a 15 de ellos incluyendo a Javier Ríos Rojas, un menor de 8 años de edad, e hiriendo seriamente a otras cuatro personas, uno de los cuales quedó permanentemente paralítico. Luego, los atacantes salieron en dos vehículos. Durante la investigación, la policía encontró 111 casquillos y 33 balas del mismo calibre en la escena del crimen.
Luego de la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000, la ley de amnistía fue derogada y el caso reabierto con lo que un buen número de los acusados fueron detenidos. El 21 de marzo del 2001, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón denunció a Fujimori ante el Congreso, sindicándolo como «co-autor» de la masacre. Presentó evidencia que Fujimori, actuando de acuerdo con Vladimiro Montesinos, jefe del SIN, tuvo control sobre el Grupo Colina. La denuncia señala que dicho grupo no hubiera podido cometer crímenes de esa magnitud sin el consentimiento expreso o las órdenes directas de Fujimori, y que tanto la formación como el funcionamiento del grupo Colina fue parte de una política integral de contra insurgencia que implicó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a lo señalado, Fujimori fue a los cuarteles generales del SIN para celebrar, junto con los oficiales de inteligencia, el supuesto éxito de la operación en Barrios Altos.
En el 2001, el gobierno peruano aceptó pagar USD $ 3.3 millones en compensación a los cuatro sobrevivientes y a los parientes de las 15 personas asesinadas. El 13 de septiembre del 2001, el Vocal Supremo José Luis Lecaros presentó una solicitud internacional a la Interpol para que se efectúe el arresto de Fujimori, que, en ese entonces, vivía en Japón. En agosto del 2003, el gobierno de Perú presentó una solicitud de extradición de Fujimori y entre los crímenes que se citan en el documento se encuentra la masacre de Barrios Altos.
Yo Soy Valente Delmar 